CEPYME alerta del crecimiento de la presión fiscal en España

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»1061″ img_size=»full» alignment=»center» label=»»][vc_column_text]La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha manifestado la difícil situación que enfrentan los autónomos y las empresas en España debido al actual entorno fiscal y burocrático. Esta situación está teniendo un impacto negativo en la productividad y la supervivencia de muchos de ellos. CEPYME ha presentado una serie de peticiones que buscan ofrecer soluciones y que esperan que sean consideradas en la formación del próximo Gobierno.

Un 53% más de presión fiscal que la media de la Unión Europea

Según CEPYME, la competitividad de España ha sufrido un deterioro significativo debido a la alta carga fiscal. La presión fiscal en relación con los ingresos es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea (UE), que ya es alto en comparación con otros países. España se encuentra rezagada en términos de atractivo fiscal entre las principales economías del mundo, debido a la elevada carga fiscal tanto para las empresas como para el patrimonio. 

Además, se debe tener en cuenta la carga significativa de las cotizaciones sociales, que desincentivan la contratación y aumentan los costos laborales, así como la presión derivada del Impuesto de Sociedades, que también es elevada.

En resumen, la fiscalidad tiene un impacto crucial en los costos de los autónomos y las empresas en España. CEPYME destaca que las empresas españolas contribuyen más que la media de la UE a los ingresos públicos y que España lidera en términos de presión tributaria sobre el patrimonio. El marco fiscal, conocido como el «esfuerzo fiscal» (presión fiscal normalizada en función de los ingresos), es determinante para fomentar o desincentivar la actividad y mantener los negocios.

Peticiones al próximo gobierno

Ante esta situación, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha presentado una serie de peticiones con la esperanza de que los partidos políticos las consideren en las negociaciones sobre la formación del próximo Gobierno. Estas peticiones incluyen posibles soluciones y son las siguientes:

1. Reducir la carga fiscal y fomentar el ahorro e incentivar la inversión.
2. Rebajar las contribuciones sociales, que afectan de manera desproporcionada a los pequeños negocios debido a su tamaño reducido y al mayor peso de los gastos laborales.
3. Promover un sistema tributario eficaz que minimice las cargas especialmente onerosas para este tipo de empresas y trabajadores autónomos. En particular, se debe simplificar el Impuesto de Sociedades.
4. Establecer un marco fiscal que no penalice la competitividad de los autónomos y las pequeñas empresas en comparación con sus contrapartes europeas. Se deben eliminar los impuestos que no existan o que sean poco comunes en nuestro entorno.
5. Evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la inversión en nuestro país.
6. Actualizar el marco de incentivos fiscales para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y garantizar la seguridad jurídica en las deducciones fiscales relacionadas con la innovación tecnológica.

Limitar la introducción de nuevas cargas fiscales de carácter medioambiental y establecer un marco fiscal común en este ámbito para todas las comunidades autónomas. En este sentido, es urgente llegar a un acuerdo para que el Estado defina estos impuestos y luego los delegue a las comunidades con cierta flexibilidad normativa.[/vc_column_text][vc_single_image image=»1062″ img_size=»full» alignment=»center» label=»»][vc_column_text]

Problemas urgentes a abordar

La Confederación también ha destacado el exceso de regulación y burocracia, que actúa como un obstáculo para la generación de nuevos ingresos y el crecimiento de los negocios. Esta sobrecarga de trámites administrativos conlleva costos significativos de cumplimiento. Por lo tanto, ha presentado una serie de áreas que considera urgentes y que el nuevo Gobierno debería abordar.

1. Simplificar los trámites administrativos impuestos por la Administración. Muchas regulaciones generan una creciente carga de burocracia, sin considerar las limitadas capacidades de los pequeños negocios y el esfuerzo adicional que deben realizar debido a la falta de recursos.
2. Ajustar las normativas para que se adapten a la realidad de los autónomos y empresas españolas.
3. Evaluar de manera realista las obligaciones, cargas y costos asociados a nuevas regulaciones. Para evitar el aumento de la burocracia, se debe aplicar efectivamente el principio de «una más, al menos una menos», lo que implica derogar una o más normas del mismo nivel por cada nueva normativa.
4. Implementar de manera efectiva el principio de «una sola vez», para que ciudadanos y empresas solo tengan que comunicar la misma información una vez, independientemente del nivel de gobierno.
5. Promover el uso de declaraciones responsables para agilizar la obtención de permisos.
6. Evitar que las regulaciones pongan a las empresas españolas en una posición de desventaja en comparación con sus competidores en el mundo, especialmente en la Unión Europea. Esto incluye situaciones como las inversiones necesarias para cumplir con estándares legales elevados en el ámbito de la sostenibilidad, que los autónomos y pequeñas empresas deben afrontar por sí mismos, mientras que en otros países pueden recibir apoyo debido a requisitos menos exigentes.
7. Promover la coherencia normativa y mejorar la calidad de la legislación. La disminución en la calidad de las regulaciones ha generado problemas que afectan la seguridad jurídica necesaria para cada negocio.
8. Modernizar el sistema de Justicia para hacer frente a la proliferación de regulaciones, así como a los retrasos y congestión en la administración de Justicia cuando se litigan ciertos asuntos.

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